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¿Seremos muchos más, y distintos?

outubro 29, 2016

Compartimos el articulo de Patricia P. Gainza, miembro de la Red Espacio Sin Fronteras (ESF), sobre los procesos migratorios a nivel global, regional y los avances y desafíos que tiene Uruguay actualmente respecto de las garantías de derechos a las personas migrantes.

http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/10/seremos-muchos-mas-y-distintos/

¿Seremos muchos más, y distintos?

Los procesos migratorios son la consecuencia de decisiones económicas, sociales y políticas que se resuelven de maneras distintas, y también de acuerdo con las condiciones personales. Las formas de la movilidad humana no son hechos fortuitos, siguen conexiones preestablecidas que llevan a una persona a tomar la decisión de migrar a determinado sitio a pesar de las dificultades que eso conlleva. Como expresaba Lelio Mármora (2007): “Los flujos provenientes de los países subdesarrollados no proliferan al azar. Rastrean conexiones bien establecidas, cuyas raíces se encuentran en el colonialismo, la guerra, la ocupación militar, el reclutamiento laboral y la penetración económica”. Es decir, las migraciones son otra de las consecuencias de la combinación entre racismo, patriarcado y colonialismo.

La actual crisis global de las migraciones, como afirma Stephen Castles, no es más que una crisis de las relaciones norte-sur que ha sido provocada por las grandes brechas de desigualdad; y la pretensión de control de las migraciones es un intento de regular estas relaciones. En ese sentido, los programas de migración ordenada y selectiva estimulados por el norte global no son más que otra forma de discriminación. Las formas de migración selectiva tienden a priorizar los intereses de la economía global sobre los derechos de los trabajadores (permanentes o temporales). En esta línea, las migraciones temporales son una prioridad para los países de acogida, así garantizan la mano de obra requerida (particularmente del sector agrícola y de servicios) sin tener que responder a las exigencias que requiere una migración definitiva. Estos trabajadores son altamente vulnerables. Y la situación general tiende a invisibilizar las complejas y diversas formas de explotación laboral que subyacen en los trabajos que realizan los migrantes. Los constantes esfuerzos por la regularización de los documentos y la estadía se convierten en un fin en sí mismo, por el que los Estados tienen la obligación (en el plano teórico, ético y de los acuerdos firmados) de proteger a las personas migrantes de los abusos, de habilitar una inserción efectiva en la sociedad receptora y de garantizar el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales.

Analizar los obstáculos que se construyen para evitar el paso de los migrantes a nivel global implica enfocar los procesos migratorios considerando las causas estructurales que los producen y mantienen. El actual sistema económico expulsa constantemente contingentes de personas que deben cambiar de contexto para sobrevivir. El modelo económico y productivo vigente ha predicado la necesidad de eliminar las barreras comerciales y permitir la libre circulación de bienes, servicios y capitales; pero estas reglas no aplican para las personas, que no pueden transitar libremente.

Nivel regional, mujeres migrantes y cuidados

Más de 30 millones de personas han migrado dentro y fuera de América Latina y el Caribe en las dos últimas décadas. Este volumen implica el 5% del total de la población del continente, y la mitad son mujeres. Si bien a lo largo de este proceso las mujeres pueden tener mayores niveles de autonomía, en la mayoría de los casos no varían las relaciones de género desiguales. Tanto en los países de origen como de acogida se reproducen los mismos esquemas de subordinación y explotación femeninas inherentes a la lógica del sistema capitalista y patriarcal.

Los datos disponibles muestran que los principales flujos intrarregionales son predominantemente femeninos: colombianas en Venezuela, nicaragüenses en Costa Rica, colombianas en Ecuador, paraguayas y bolivianas en Argentina, peruanas y dominicanas en Uruguay. En las regiones fronterizas los movimientos de tipo rural-rural están orientados a actividades agrícolas y tienen predomino masculino; en cambio, en las corrientes que van hacia las ciudades la mayoría son mujeres.

Según CEPAL, más de la cuarta parte de estas mujeres migrantes (27%) están empleadas en el servicio doméstico, y ciertas nacionalidades registran un porcentaje aun mayor: colombianas, guatemaltecas, nicaragüenses, paraguayas y peruanas. Las mujeres latinoamericanas en los países de destino son demandadas para realizar los trabajos que las mujeres locales no realizan, principalmente doméstico y de cuidado de los niños y las personas adultas mayores. Esto es consecuencia de cambios sociales, como la incorporación femenina masiva al mercado de trabajo, pero que en la mayoría de las sociedades no se vio acompañada por una reforma estatal que asumiera la responsabilidad social del trabajo de cuidado, o al menos la discutiera. En estos casos las sociedades de acogida transfieren el problema no resuelto del trabajo reproductivo y de cuidado de las mujeres locales a las mujeres inmigrantes. Asunto que no hace más que reafirmar los roles de género -en ambos grupos de mujeres- y las injusticias sociales y condicionamientos por género. Las mujeres inmigrantes en los países de acogida muchas veces se encuentran expuestas a una triple presión: realizar el trabajo doméstico en sus casas, trabajar fuera de sus hogares y, en muchos casos, sostener económicamente el hogar en el país de origen.

La migración también puede suponer para las mujeres migrantes una apertura a la autonomía económica y nuevos espacios de participación social e incremento de poder a la hora de tomar decisiones, aunque muchas veces se desarrollan nuevas formas de control social que impiden estos reacomodos vitales. Es indispensable que los Estados generen las garantías para la instrumentación de nuevos códigos de relacionamiento que apunten a la corresponsabilidad, algo imposible si no se generan conocimiento diferenciado y las políticas públicas necesarias para un desarrollo igualitario y equitativo entre los varones y las mujeres migrantes, así como entre las mujeres locales y las mujeres inmigrantes.

La lista de problemas de la región es muy amplia. El aumento de los nuevos contingentes trae viejos problemas como la detención y criminalización de las personas migrantes, la existencia de restricciones al acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, la discriminación, el racismo y la xenofobia, la invisibilidad de la niñez, de la perspectiva de género y de la perspectiva étnico-racial, así como el aún limitado proceso de participación en la sociedad civil.

Nivel nacional: se viene el estallido

Uruguay -igual que el resto de la región donde está inmerso- vive una dinámica en la que la movilidad humana aumenta día a día en todas sus versiones: país de origen, tránsito, destino y retorno. Los interrogantes son: ¿cómo se está preparando el país para esta nueva realidad? ¿Estamos al tanto de que cada año se incrementa de manera importante el número de inmigrantes que llegan al país? ¿Cuánto se reflexiona y qué conocimientos se producen sobre el tema, específicamente sobre la inmigración reciente? ¿Cuáles son las políticas que el país está desarrollando en este sentido? ¿Qué debería contemplar una política migratoria basada en derechos humanos? ¿Siempre la movilidad humana implica vulnerabilidad? ¿Cuál es el rol de las políticas públicas en este escenario? ¿A qué deberíamos aspirar? ¿Es un fenómeno que va a seguir evolucionando de manera independiente?

Los procesos migratorios no tienen por qué implicar situaciones de vulnerabilidad para las personas migrantes. No son vulnerables en sí mismas; es más, la mayoría de las veces son personas con gran determinación, iniciativa y capacidad de resiliencia. Lo que las vuelve vulnerables son los procesos migratorios que atraviesan, es decir, cómo una persona entra y habita el país de acogida.

El avance que ha tenido Uruguay respecto de las garantías de derechos a las personas migrantes en la última década es altamente significativo. La aprobación de la Ley 18.250 en 2008, que por primera vez reconoce el derecho a migrar como un derecho humano, es un mojón que dio lugar a nuevos avances legislativos, así como a la creación de la Junta Nacional de Migraciones, primer espacio institucional en la materia. Otros avances de los últimos años son el desarrollo de la coordinación y articulación interinstitucional, el intercambio constante con la sociedad civil organizada dentro y fuera de Uruguay, la generación de instancias de formación sobre política migratoria, la producción de información en derechos para las personas migrantes y la incorporación del plan de respuesta rápida, entre otros.

Actualmente, siguen quedando muchos desafíos por delante, como el de superar la atomización. La profundización en el tema migratorio implica una perspectiva común de toda la administración pública y de las instituciones encargadas de ejecutar la política migratoria, así como concretar la transversalización del tema con otras políticas estatales. Al decir de Lenin Mondol, también es necesario “superar la dicotomía externo-interno”, ya que a diferencia de otro tipo de política pública, y al estar armonizada con un sistema regional de políticas, la migratoria posee un alcance diferenciado que supera lo estrictamente doméstico. Es necesario, entonces, fomentar niveles de diálogo, intercambio, planificación y armonización normativa a nivel regional que contribuyan a un orden de la política migratoria con igual grado de prioridad en la subregión. Asimismo, esta política debe tener espacios de ejecución departamental y local, así como de diversos actores de la comunidad y la sociedad civil organizada. Para lograr una efectiva profundización de la política migratoria se debe avanzar en la participación multinivel y multisector. Por último, también es necesario albergar la gestión de las políticas migratorias en espacios que propendan a garantizar los derechos de las personas migrantes. Es indispensable acompañar estos procesos poniendo el énfasis en las migraciones centradas en los derechos humanos de las personas, no en el control de los flujos.

Debemos aspirar a políticas que logren imponer que no existe diferencia en el acceso a servicios para nacionales e inmigrantes. Debemos aspirar a que el trato sea igual de bueno para unos y para otros, a que las políticas sean ambientalmente sostenibles, inclusivas y adaptables a las nuevas realidades, que superen la crisis y la transición y encuentren soluciones permanentes y duraderas. La finalidad es que la legislación migratoria esté al servicio de la protección de los derechos de las personas.

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